El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha encontrado en Colombia una pista de aterrizaje para su política de gobierno más controvertida. megaprisiones para combatir el crimen. Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos a las alcaldías de Bogotá y Cali, respectivamente, por el conservador Partido Centro Democrático, son defensores de la autoridad y la mano dura como solución no solo al crimen, sino también a la corrupción. Inspirados en Bukele, han propuesto construir megacárceles si ganan las elecciones regionales del 29 de octubre.
El primero en desvelar la idea fue Arizabaleta, quien anunció la propuesta conjunta en su cuenta de Twitter la noche del miércoles. “Serán dos megacárceles al estilo Bukele en Colombia, uno en Bogotá y otro en Cali, que voy a construir para delincuentes y corruptos”, escribió. Molano, exministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque, desarrolló la idea este jueves en una entrevista con Blu Radio. “Necesitamos una cárcel en Bogotá, una megacárcel para tener por lo menos 3.000 delincuentes”.
Ni Arizabaleta ni Molano se han referido a los costos potenciales de las megaprisiones propuestas, o la cantidad de tiempo que llevaría construirlas. Sin embargo, marca una primera manifestación palpable de la admiración de un amplio sector de la derecha colombiana por el presidente salvadoreño. El nombre de Bukele se escucha cada vez más en las calles, pronunciado por personas que creen que una cruzada como la que emprendió en El Salvador debe replicarse en Colombia. Esta deriva también se ha colado en encuestas como la realizada en mayo por Datexco, en la que el 55% de los consultados si el país necesita un presidente como Bukele respondió afirmativamente.
Fernando Tamayo, experto en derecho penal y penitenciario de la Universidad de los Andes en Bogotá, explica que el mayor problema que presentan este tipo de cárceles es la dificultad de administrarlas. facilitar las visitas con todos los controles que ello implica y garantizar la seguridad de los internos, y mantener la vigilancia y el orden entre una población penitenciaria tan numerosa, requiere de un gran número de vigilantes. Y en las cárceles colombianas, señala Tamayo, no hay suficientes. «Lo que nos ha demostrado la experiencia latinoamericana de las megacárceles de El Salvador es que los derechos de la población privada de libertad no importan directamente», dice a EL PAÍS vía telefónica.
La idea de importar el modelo de Bukele es también un síntoma evidente de la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana. Ni siquiera María Fernanda Cabal, quien podría ser considerada la líder conservadora más conspicua del país, ha aportado ideas novedosas. ella también ha buscado inspiración en Bukele, sin escatimar adjetivos halagadores para el presidente salvadoreño.
La propuesta ha tenido un impacto considerable en Colombia debido a la inseguridad que se vive en varios puntos del país. En Buenaventura, que ha sido calificada por el gobierno del presidente Gustavo Petro como un «laboratorio» de paz urbana total tras los entendimientos con las bandas que allí operan, el terror ha vuelto en las últimas semanas. Además, el escepticismo hacia las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), grupo escindido de las FARC, alimentado por atrocidades como el asesinato de cuatro menores indígenas en mayo, favorece a la idea de un puño de hierro.
Sin embargo, el autoritarismo ha dejado una gran mancha en la historia colombiana. las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”, realizadas durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), en las que los militares, incentivados a incrementar las bajas en combate, mataron a civiles y los hicieron pasar por guerrilleros. En 2021, el entonces ministro de Defensa Molano enfrentó una moción de censura en el Congreso bajo acusaciones de la oposición de infligir un «trato bélico» en la represión de las manifestaciones populares contra el gobierno de Iván Duque.
En El Salvador, la política del gobierno también ha sido objeto de escrutinio. Bajo el estado de emergencia declarado hace más de un año por Bukele, las autoridades han detenido a más de 60.000 pandilleros en un país asediado durante décadas por organizaciones criminales. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch de enero pasado reveló que se han cometido «abusos a gran escala», que incluyen violaciones al debido proceso, arrestos masivos, muertes bajo custodia y hacinamiento.
El hacinamiento es otro problema que surge de las megacárceles. El profesor Tamayo recuerda que en 1998, cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional —herramienta que utiliza la Corte Constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos para atender alguna situación grave— por el hacinamiento carcelario, había 33.009 reclusos en el país y una tasa de hacinamiento del 31%. Desde entonces se han creado más cuotas pero no ha habido solución. hoy en Colombia el hacinamiento en las cárceles es del 24%, y en ocasiones ha llegado al 50%. “Esa idea de dar más cupos como forma de controlar el hacinamiento se ha mostrado como un fracaso, porque los cupos se están creando y se están llenando”, dice Tamayo.
Tamayo reconoce que es difícil discutir la propuesta de Molano y Arizabaleta, ya que carece de una estructura clara, y la idea de reinserción social, que es el objetivo, sigue siendo difícil de lograr por falta de recursos. Sin embargo, sí aventura una opinión, basada en información recopilada por varios estudios especializados. “En general, los sistemas que apuestan por un mayor contacto de las personas privadas de libertad con el mundo exterior, con sus familias, y con una mayor posibilidad de reinserción en la sociedad, tienen una mayor capacidad para que las personas no reincidan”.
Tamayo explica que el sistema penitenciario despierta fuertes sentimientos en la población, derivados de su miedo a la delincuencia, la inseguridad y la violencia. “El gran problema es que estos proyectos no han demostrado ser realmente eficientes para combatir la inseguridad”, señala. Agrega que muchos de estos modelos parecen eficientes en el corto plazo, porque generan cifras positivas en términos de condenas, encarcelamientos y aumento de la población carcelaria, lo que genera una sensación de mayor seguridad. Sin embargo, concluye. “Al final lo que acaban generando es más exclusión y mayores problemas sociales”.
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