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Casi siete años después de hacer las paces con el grupo guerrillero FARC, el gobierno colombiano finalmente ha desarrollado una política para destruir a los grupos armados ilegales del país.
La política tiene como objetivo eliminar los grupos guerrilleros y paramilitares que han seguido operando en Colombia desde el acuerdo de paz de 2016.
Al mismo tiempo, la nueva estrategia pretende impedir la creación de nuevos grupos armados que podrían perpetuar el conflicto armado que azota al país desde hace décadas.
La política fue formulada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), un organismo creado como parte del proceso de paz en curso para monitorear el progreso.
Gloria Cuartas, asesora en el proceso de paz del presidente Gustavo Petro, dijo al diario El Espectador que la nueva política apunta a atacar lo que conduce a la creación de grupos armados ilegales, además de destruir los grupos existentes.
El principal cambio en materia de seguridad y garantías contenido en esta política pública está relacionado con la orientación de las acciones del Estado frente al fenómeno criminal, con sus causas y no tanto con sus consecuencias. Esto quiere decir que además de atacar a las organizaciones, estructuras y comportamientos criminales, lo que atacaremos es el fenómeno criminal que reproduce la violencia en los territorios.
Gloria Cuartas, Asesora Presidencial para la Paz
Este «enfoque holístico» implica que el gobierno invertirá en desarrollo económico y organización social y política específicamente para prevenir nuevas olas de violencia organizada.
La implementación de la nueva política de seguridad será una prioridad en el Magdalena Medio, Kaguan y el Cáucaso Norte, tres regiones que han visto muchos episodios de violencia y conflicto armado en los últimos 70 años.
Como las causas de la violencia varían de una región a otra, el gobierno y las fuerzas de seguridad buscarán enfoques diferentes en cada región.
La política de seguridad se implementará mientras el gobierno negocia la eliminación de los grupos guerrilleros ELN y EMC, numerosos grupos paramilitares y organizaciones criminales urbanas en las ciudades de Medellín y Buenaventura.
El CNGS monitoreará el progreso en la implementación de políticas hasta que Petro deje el cargo en 2026.
